Modifica la ley de Bases Generales de la Administración del Estado y la ley N° 20.422, con el objeto de asegurar la incorporación de un porcentaje de funcionarios con discapacidad en los órganos estatales.

Este proyecto busca que las instituciones del Estado chileno den más oportunidades de trabajo a las personas con discapacidad. Para lograrlo, propone que al menos 4 de cada 100 trabajadores en las oficinas públicas sean personas con discapacidad. Esta regla se aplicaría a todos los tipos de contratos, incluyendo a los trabajadores de planta y a honorarios. Además, pide que cuando se creen nuevos empleos, se guarden espacios especialmente para ellos. El objetivo es cumplir con acuerdos internacionales que dicen que todas las personas tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones, eliminando las barreras que hoy les impiden encontrar un empleo estable en el gobierno.