Proyecto de ley que dispone reservar un porcentaje de puestos de trabajo en las entidades que indica para personas discapacitadas.

Este proyecto de ley quiere dar más oportunidades de trabajo a las personas con discapacidad en el Estado. Actualmente, en lugares públicos grandes, como ministerios, Congreso o tribunales con 100 o más empleados, debe haber al menos 1% de trabajadores con discapacidad. La idea es subir eso al 3%. Además, los trabajos deben ajustarse a lo que cada persona puede hacer, dándoles herramientas técnicas, tecnológicas y adaptando el lugar para que trabajen seguros y bien. Se basa en la Ley 20.422 sobre igualdad para discapacitados, la Constitución y un tratado de la ONU que pide incluirlos en empleos públicos. Otros países usan cupos entre 2% y 5%.