Regula el contrato de educación estableciendo normas básicas obligatorias.

Este proyecto de ley busca proteger a los estudiantes de universidades e institutos privados. Su objetivo es que, si un alumno tiene deudas, la institución no pueda prohibirle rendir exámenes, asistir a clases o entregarle sus certificados de notas y título. También establece que, si la institución deja de funcionar, debe asegurar que el alumno pueda seguir estudiando en otro lugar de igual calidad. Además, regula cuánto se puede cobrar por trámites de titulación y establece multas justas si un estudiante debe abandonar su carrera por causas graves como enfermedad o cesantía.