Regula el contrato de prestación de servicios educacionales y establece normas sobre derechos de los alumnos, padres y apoderados en el proceso educacional.

Este proyecto de ley propone que la relación entre los colegios (o universidades) y las familias se rija por un contrato formal. El objetivo es proteger a los estudiantes y a sus padres de posibles abusos en el mercado de la educación. Entre los puntos clave, busca que los colegios no puedan expulsar a un alumno o impedir que termine su año escolar solo porque su familia no pudo pagar las mensualidades. También establece derechos para los alumnos, como recibir un trato digno y ser evaluados de forma justa, y derechos para los padres, como ser informados sobre el progreso de sus hijos y participar en su formación. En resumen, busca que la educación sea un servicio con reglas claras y derechos que nadie pueda quitar.