Prohíbe a instituciones de educación superior adoptar medidas que indica en perjuicio de sus estudiantes.

Este proyecto busca proteger a los estudiantes de educación superior frente a las deudas de sus carreras. Actualmente, algunas universidades venden estas deudas a empresas externas (llamadas factoring) para que ellas cobren con intereses. La propuesta prohíbe esta práctica de venta de deudas. Además, establece que si un estudiante no ha podido pagar su mensualidad, la universidad no puede castigarlo prohibiéndole entrar a la biblioteca, ver sus notas en internet o usar materiales necesarios para estudiar. El objetivo es que la educación se trate como un derecho y no como un producto de consumo, evitando que las familias sufran cobros abusivos o que los alumnos pierdan sus beneficios por falta de dinero.