Establece el deber de efectuar registros audiovisuales de las actuaciones policiales autónomas en el procedimiento penal

Este proyecto de ley pide que la policía (como Carabineros) use cámaras de video para grabar imágenes y sonidos en todas sus acciones durante investigaciones penales. Esto aplica en lugares públicos, abiertos o cerrados como en casos de flagrancia (cuando pillan un delito en el acto) o allanamientos. Las grabaciones ayudan a tener mejores pruebas en los juicios, evitan dudas y aumentan la confianza en la policía. También se exige en manifestaciones públicas para equilibrar seguridad y derechos. Hay reglas: no grabar dentro de casas sin permiso o orden judicial, y destruir accidentalmente grabado si no es delito. Mejora la calidad de pruebas judiciales y reduce saturación en tribunales.