Modifica el Código Procesal Penal para regular el resguardo y entrega de imágenes o grabaciones videográficas obtenidas mediante cámaras de seguridad ubicadas en recintos privados

Este proyecto busca que las cámaras de seguridad de casas o negocios que graban la calle ayuden a combatir la delincuencia. Los dueños de estas cámaras deberán guardar los videos por al menos 30 días. Si un fiscal o la policía (con una orden escrita) pide las imágenes para investigar un delito, el dueño estará obligado a entregarlas de inmediato. El objetivo es que estas grabaciones sirvan como pruebas para identificar criminales y resolver casos más rápido. La ley aclara que esto no afecta la privacidad excesivamente porque solo se refiere a imágenes de la calle o lugares donde todos circulan. Si alguien se niega a entregar los videos, podrá recibir sanciones legales.