Modifica la ley N°19.496, que Establece normas sobre protección de derechos de los consumidores, para imponer sanciones al proveedor que actúe como intermediario, en los casos que indica

Este proyecto busca proteger a las personas que compran servicios a través de intermediarios, como agencias de viajes o sitios web de hoteles. La propuesta establece multas de hasta 51 millones de pesos (750 UTM) si estas empresas no responden rápido a los problemas de los clientes. Además, si no cumplen con lo prometido en el contrato o intentan usar la pandemia como excusa para no cumplir, las multas pueden llegar a los 100 millones de pesos (1.500 UTM). También obliga a estas empresas a mostrar claramente en sus páginas web cuántos reclamos han recibido en el último año y cuántos de ellos se resolvieron a favor del cliente. Esto sirve para que las personas sepan qué tan confiable es una empresa antes de comprar.