Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministro de Justicia y Derechos Humanos para que adopte las medidas que se proponen, garantizando el principio de integridad cultural y los derecho de las personas privadas de libertad de origen indígena y en atención a las dimensiones de salud y espirituales, conforme a los establecido en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo.