Solicita a S. E. el Presidente de la República y a las Ministras de Defensa Nacional y de Justicia y Derechos Humanos que tomen las providencias tendientes a lograr que el robo de armas desde el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército sea investigado por el Ministerio Público de Chile y se radique y juzgue eventualmente en los Juzgados de Garantía y Tribunales Orales en lo Penal.