Cómo votó cada diputado: Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el Código Sanitario para incorporar el principio precautorio…
Texto oficial: Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el Código Sanitario para incorporar el principio precautorio y la participación ciudadana en las decisiones de autoridades administrativas facultadas para disponer el retiro de industrias y similares que causen daños y o molestias a la población Artículo: Sesión: Sesión n°110, Ordinaria del 21 Dec 2022 a las 10:00hrs.
Así votaron los diputados el 21 de diciembre de 2022: A favor 82 · En contra 32 · Abstenciones 24.
Resultado
AprobadoEl registro disponible no incluye el detalle de la decisión.
Ver texto oficial de la decisión
- A favor
- 82
- En contra
- 32
- Abstenciones
- 24
- Dispensados
- 0
Cómo votó cada diputado
138 registros disponibles, agrupados según el voto y con el partido de cada diputada y diputado. “No Vota” no equivale a ausencia.
Votaron a favor (82)
Votaron en contra (32)
Se abstuvieron (24)
Antecedentes y fuente
Proyecto de Ley Relacionado
Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el Código Sanitario para incorporar el principio precautorio y la participación ciudadana en las decisiones de autoridades administrativas facultadas para disponer el retiro de industrias y similares que causen daños y o molestias a la población
Este proyecto busca mejorar las normas que permiten a las municipalidades y al Servicio Nacional de Salud ordenar el retiro de industrias o depósitos que causen daños, molestias, ruidos, olores o riesgos a los vecinos, como explosiones. Actualmente, hay problemas de interpretación porque las leyes usan palabras distintas y no siempre se aplican bien. El proyecto unifica los términos para incluir industrias y lugares similares como grandes bodegas. Exige que los informes de autoridades (Salud y MINVU) usen normas técnicas o, si no hay, el principio precautorio (actuar ante riesgos aunque no haya certeza total, para proteger salud y medioambiente). Además, obliga a escuchar a la comunidad mediante audiencias públicas (según ley de municipalidades) antes de decidir, y proveer información para que todos entiendan. Si no se cumple, la orden es nula. Así protege mejor la calidad de vida de las personas cerca de estas actividades, alineando con tratados internacionales como Declaración de Río.