Establece la obligación de otorgar defensa penal y asesoría jurídica a las personas naturales que han sido víctimas de delitos y que no pueden procurárselas por sí mismas.

Este proyecto busca que el Estado ayude legalmente a las personas que han sido víctimas de un delito y que no tienen dinero para contratar un abogado. Actualmente, la ley asegura que los acusados (imputados) tengan un abogado pagado por el Estado, pero las víctimas no cuentan con esa misma garantía. La idea es que las víctimas también puedan tener asesoría profesional para defender sus derechos durante todo el proceso judicial, asegurando que haya igualdad entre quienes son acusados y quienes sufrieron el delito.