Modifica la Carta Fundamental, a fin de consagrar la autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública

Este proyecto busca que la Defensoría Penal Pública, que es la institución encargada de dar abogados a quienes no pueden pagarlos, sea independiente del Gobierno. Actualmente, depende del Ministerio de Justicia, lo que puede generar problemas cuando el mismo Estado es quien acusa y defiende a la vez. Al ser autónoma, como lo es hoy el Ministerio Público (la Fiscalía), se asegura que los abogados defensores trabajen con total libertad para proteger los derechos de las personas, sin recibir presiones políticas. Esto mejora la confianza en la justicia y asegura que todas las partes en un juicio tengan las mismas herramientas y poder, lo que se conoce como igualdad de armas.