Modifica la Carta Fundamental, en materia de sanciones derivadas de la declaración de culpabilidad en las acusaciones constitucionales

Este proyecto propone cambiar las reglas sobre qué pasa cuando el Congreso decide que una autoridad es culpable en una acusación constitucional. Actualmente, cualquier persona destituida no puede trabajar en el Estado por 5 años (una especie de castigo general). La propuesta busca que esto sea más justo: para el Presidente y Gobernadores se mantiene la prohibición total; para Ministros y cargos de confianza, solo se les prohíbe volver al mismo tipo de cargo; y para jueces, se les prohíbe ser nombrados en cargos de confianza del Presidente. Para otros funcionarios, solo se aplicaría la pérdida del empleo actual sin prohibirles postular a otros trabajos en el futuro. El objetivo es que el castigo dependa de la importancia del cargo y no sea una 'muerte cívica' que impida participar en democracia sin una condena de un juez penal.