Modifica la Carta Fundamental en lo que respecta a la sanción aplicable a la autoridad declarada culpable en acusación constitucional deducida en su contra

Este proyecto propone cambiar el castigo que reciben las autoridades (como ministros o intendentes) cuando el Congreso las encuentra culpables en un juicio político. Actualmente, si una autoridad es destituida, no puede trabajar en ningún cargo público por 5 años. La propuesta busca que esta prohibición sea menos severa: que solo se les prohíba ocupar cargos de confianza nombrados directamente por el Presidente de la República y solo por el tiempo que quede del actual gobierno. Los autores argumentan que la sanción actual de 5 años es exagerada y que puede afectar los derechos humanos de las personas, según estándares internacionales. El objetivo es evitar que las autoridades sancionadas reciban 'premios de consuelo' en el mismo gobierno, pero permitiéndoles participar en otras funciones públicas.