Modifica la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, para incorporar a funcionarios que cumplan labores directas en depósitos de armas del Estado

Este proyecto busca evitar que las armas del Estado terminen en manos de delincuentes. Para lograrlo, propone que todas las personas que trabajan directamente cuidando las armas en lugares como arsenales de guerra, depósitos de Carabineros, la PDI o Gendarmería, deban informar obligatoriamente cuánto dinero y bienes tienen (declaración de patrimonio). Actualmente, no todos estos funcionarios están obligados a dar esta información. Al transparentar sus finanzas, se hace más difícil que bandas criminales puedan sobornarlos para comprar o robar armamento fiscal. La iniciativa surge tras detectarse casos de uniformados que vendían armas oficiales a precios muy altos en el mercado negro, fortaleciendo así el poder de fuego del narcotráfico.