Establece, para el personal de Gendarmería de Chile, la obligación de efectuar declaraciones de intereses y patrimonio, en conformidad con lo dispuesto en la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses

El proyecto de ley busca que todos los funcionarios de Gendarmería de Chile declaren sus intereses y bienes, siguiendo las reglas de la Ley 20.880 sobre probidad en el trabajo público. Esto ayuda a evitar que los empleados tomen decisiones influenciadas por sus asuntos personales o dinero, y permite vigilar cómo cambian sus patrimonios mientras están en el cargo. La idea surge de la Estrategia Nacional de Integridad Pública y del Gabinete Pro Seguridad, para fortalecer la honestidad en prisiones y combatir la corrupción, ya que las organizaciones criminales intentan sobornar a funcionarios. Se implementa en etapas: en 4 meses para oficiales y directivos, 8 meses para suboficiales y gendarmes, y 12 meses para el resto. El costo se cubre con el presupuesto de Gendarmería, con posible ayuda del Ministerio de Hacienda. Esto beneficia a la sociedad al aumentar la transparencia en el sistema penitenciario.