Introduce modificaciones a la ley de la Contraloría General de la República y a las normas sobre responsabilidad administrativa

Este proyecto de ley busca mejorar el trabajo de la Contraloría General de la República (CGR), que vigila el uso de los recursos públicos. Permite que la CGR pida directamente datos, bases de información y detalles bancarios de instituciones públicas para fiscalizar mejor y prevenir irregularidades. También cambia las reglas para sancionar a funcionarios que cometan faltas: ahora se pueden investigar y multar hasta seis meses después de dejar el cargo, con multas del 5% al 20% de su último sueldo o inhabilidad para trabajar en el Estado por 1 a 5 años. Esto aplica a empleados públicos, municipales, de Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas. Además, la CGR podrá pedir la remoción de alcaldes o gobernadores por graves violaciones a la probidad. El cambio entra en vigencia al publicarse en el Diario Oficial y costará unos 263 millones de pesos el primer año para contratar personal extra. Ayuda a construir confianza en las instituciones al promover una administración más transparente y responsable.