Modifica la ley N° 10.336, para ampliar las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República

Este proyecto de ley busca darle más herramientas a la Contraloría General de la República, que es el organismo que vigila cómo se usa el dinero del Estado. Permite pedir directamente a los bancos los movimientos de cuentas de instituciones y funcionarios públicos, y que éstos reporten cada mes sus saldos. También deja poner multas o suspender sueldos a quienes no entreguen la información. Además, facilita sanciones directas a alcaldes y gobernadores regionales por faltas graves, y hace que las investigaciones (llamadas sumarios) se hagan mayormente por internet para ser más rápidas y transparentes. Esto responde a casos reales, como más de 25 mil funcionarios que viajaron al extranjero con licencias médicas pagadas por todos los chilenos entre 2023 y 2024, lo que costó plata al país y dañó la confianza en el gobierno.