Modifica la ley N° 20.000 para asegurar el origen lícito de los honorarios percibidos por los abogados defensores de personas imputadas por los delitos que ella tipifica

Este proyecto busca evitar que los abogados que defienden a personas acusadas de narcotráfico reciban pagos con dinero sucio o de origen ilegal. Para lograrlo, la ley exigirá que los pagos de sus sueldos u honorarios se realicen solo por medios rastreables, como transferencias bancarias, tarjetas o cheques, prohibiendo el uso de billetes en efectivo. Los abogados deberán mostrar al juez el comprobante del pago para demostrar que el dinero es legal. Si un abogado no cumple con esta regla, se le castigará prohibiéndole trabajar en su profesión por un periodo de seis meses. El objetivo es que la justicia sea transparente y que no se use el dinero de la venta de drogas para pagar defensas legales, protegiendo así la ética de los profesionales del derecho y la seguridad de la sociedad.