Establece la obligación de acreditar el origen lícito del dinero destinado al pago de la caución económica sustitutiva de la prisión preventiva, así como de los honorarios de la defensa del imputado, en los casos que señala

Esta propuesta busca evitar que las bandas criminales usen dinero ganado de forma ilegal para salir de la cárcel o pagar a sus abogados. Actualmente, cuando una persona está en prisión preventiva (cárcel mientras se investiga), a veces puede pagar una fianza (dinero de garantía) para quedar libre. El proyecto exige que, en casos de drogas o crimen organizado, se demuestre que ese dinero es legal. También pide lo mismo para el pago de los abogados defensores. El objetivo es que las ganancias del delito no sirvan para obtener beneficios en la justicia ni para financiar defensas legales, combatiendo así el poder económico de las organizaciones delictivas.