Modifica la ley N° 20.730, para ampliar el concepto de lobbista y establecer nuevas obligaciones en materia de transparencia y publicidad de sus actividades

Este proyecto busca que las personas y empresas que intentan influir en las decisiones del gobierno (llamados lobbistas) sean más transparentes. Actualmente, solo se considera lobby si hay un pago de por medio; esta ley propone que cualquier persona que intente influir sea registrada, reciba o no dinero. También obliga a que si alguien paga por anuncios en redes sociales o televisión para apoyar una idea política, deba informar cuánto gastó y quién le dio el dinero. Además, incluye en la lista de lobbistas a grupos como sindicatos, empresas de comunicaciones y centros de estudio. El objetivo es que todos los ciudadanos sepamos quiénes están tratando de convencer a nuestras autoridades y de dónde viene el dinero para esas campañas.