Modifica la ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, para extender su aplicación a los casos que indica y aumentar las sanciones por incumplimiento

Este proyecto busca que cualquier reunión entre una autoridad (como ministros o parlamentarios) y un lobbista sea considerada 'lobby', sin importar dónde ocurra o de qué se hable. Esto evitaría que se usen casas particulares para reuniones secretas. Además, prohíbe que las autoridades trabajen como lobbistas hasta cinco años después de dejar su cargo, combatiendo la 'puerta giratoria' donde el poder político y el económico se mezclan. Finalmente, la propuesta sube el valor de las multas para quienes no informen estas reuniones o mientan en los registros, buscando que las sanciones sean un castigo real y no solo un costo bajo. Con esto, se espera que la ciudadanía confíe más en cómo se toman las decisiones en el país.