Fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuya investigación requiere especial celeridad

El proyecto de ley busca hacer más rápidas las investigaciones de delitos graves como el crimen organizado, secuestros de personas o menores, e incendios. Actualmente, las empresas de internet y telefonía deben dar información sobre llamadas, datos de internet o identidades de usuarios cuando lo pide el Ministerio Público, pero no hay un tiempo límite claro. Esta ley propone que entreguen esa información en máximo 24 horas, solo en estos casos urgentes. Esto ayuda a identificar a criminales más rápido, rescatar víctimas a tiempo y evitar más daños, como en incendios forestales. No afecta la privacidad general, ya que solo aplica con autorización judicial o en procedimientos específicos. El cambio se hace agregando una regla al artículo 218 ter del Código Procesal Penal.