Modifica la Ley General de Telecomunicaciones en materia de asignación de direcciones IP y deber de información de los proveedores de acceso a Internet

Este proyecto de ley busca dar mejores herramientas a la policía y a los fiscales para investigar delitos cometidos por internet, como estafas o pornografía infantil. Actualmente, es difícil rastrear a los delincuentes porque usan direcciones de internet (llamadas IP) que pueden ser falsas o difíciles de localizar. La nueva ley obligaría a las compañías de internet a entregar una dirección IP única para cada hogar. Además, si la policía o los fiscales piden información para una investigación, las empresas tendrían un máximo de 20 días para responder. Si una empresa se niega o demora, sus encargados podrían enfrentar un castigo legal llamado desacato. Esto ayuda a que los criminales digitales no puedan esconderse tan fácilmente tras el anonimato de la red.