Modifica la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para establecer sanciones y plazos máximos de respuesta a las solicitudes de información realizadas por el Congreso Nacional y de comparecencia de las autoridades y personas que indica

Este proyecto de ley busca mejorar la fiscalización del Congreso Nacional. Hoy, los diputados y senadores envían oficios (pedidos de información) a ministros y organismos del Gobierno para revisar sus acciones, pero muchos no responden o tardan meses. Por ejemplo, en 2023, el 70% de 16.115 oficios no tenían respuesta, y en 2022 el promedio fue 78 días. La ley propone cambiar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso (N° 18.918) para obligar a responder en máximo 30 días hábiles desde que llega el pedido. Esto ayudaría a controlar mejor al Gobierno y tomar decisiones rápidas en casos urgentes, como escándalos de corrupción.