Modifica la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para perfeccionar la norma relativa al deber de información que pesa sobre los jefes superiores de organismos de la Administración del Estado respecto de solicitudes formuladas por parlamentarios

Este proyecto busca que las autoridades de Gobierno y jefes de servicios públicos respondan obligatoriamente a las preguntas de los diputados y senadores en un tiempo máximo de 20 días. Actualmente, la ley no fija un plazo claro, lo que causa que muchas solicitudes queden sin respuesta o se demoren demasiado. Con este cambio, si una autoridad no entrega la información a tiempo o no asiste cuando una comisión del Congreso la cita, podrá ser multada con el pago de un mes de su sueldo. Si la falta se repite, la multa será del doble y podría considerarse una falta grave a la honestidad en el trabajo público (probidad). Esto ayuda a que el Congreso pueda fiscalizar mejor cómo se usan los recursos y cómo funciona el Estado.