Modifica la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para establecer la obligación de comparecer y dar testimonio veraz ante las Comisiones Investigadoras y fijar un plazo para responder las solicitudes de antecedentes

Este proyecto busca que las personas citadas a las Comisiones Investigadoras de la Cámara de Diputados estén obligadas a asistir y decir la verdad. Actualmente, algunas personas evitan ir o no entregan información clara, lo que dificulta investigar el mal uso de platas públicas. La propuesta establece que los exfuncionarios de gobierno y los dueños de fundaciones o empresas que reciben dinero del Estado deben presentarse si son llamados. Si no asisten o mienten, recibirán castigos como no poder trabajar en el Estado, no poder hacer contratos con el gobierno o incluso penas de cárcel. También obliga a que las instituciones públicas respondan las preguntas de los diputados en un máximo de 15 días, para que las investigaciones no se detengan por falta de datos.