Modifica la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para sancionar la falta de respuesta a oficios de fiscalización dirigidos por la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile

Este proyecto busca que las autoridades y jefes de servicios públicos respondan de manera obligatoria y rápida a las solicitudes de información (oficios) que envían los diputados para fiscalizar al Gobierno. Actualmente, no existe un plazo claro ni sanciones efectivas, lo que hace que muchas preguntas queden sin respuesta. La propuesta establece un plazo máximo de 20 días hábiles para contestar. Si la autoridad no cumple, se le aplicará una multa que va entre el 20% y el 50% de su sueldo mensual. Si vuelve a fallar en un periodo de dos años, la multa subirá al 70%. Con esto, se busca que el control que hace el Congreso sobre el uso de recursos y decisiones públicas sea más eficiente y transparente para la ciudadanía.