Dispone apoyo para la continuidad de estudios de los estudiantes; planes de flexibilización para el cobro de aranceles, derechos de matrícula y similares, y la prohibición de sanciones por parte de instituciones de educación superior, con ocasión de la pandemia de Covid-19

Este proyecto de ley busca ayudar a los estudiantes de universidades, institutos y cántros de formación técnica durante la pandemia de COVID-19. Mientras dure el estado de catástrofe (decretado en marzo 2020), las instituciones de educación superior no podrán cobrar aranceles ni matrículas a quienes no tienen gratuidad. Después, la deuda se pagará en al menos 24 cuotas mensuales iguales, sin intereses ni multas. Además, no se puede exigir pago para dar exámenes, títulos o certificados. Si una institución no cumple, comete una infracción grave según la ley de Educación Superior. Esto protege a estudiantes afectados por la crisis económica y cierre de clases presenciales.