Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señora Provoste y señores Latorre, Montes y Quintana, que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles.

Este proyecto busca cambiar la ley que protege la vida privada. Quiere que no se pueda contar en los boletines comerciales, como el de DICOM (un reporte de deudas que miran los bancos), las deudas que la gente tiene por pagar estudios. Esto incluye créditos como el CAE para universidad, deudas con colegios o cualquier pago por educación para uno mismo o hijos. Hoy, estas deudas aparecen y dificultan pedir préstamos para casa o consumo. Los senadores dicen que la educación es un derecho del Estado, como el agua o luz, y no debe 'manchar' el historial. Entraría en vigencia 180 días después de publicada, obligando a borrar esos datos. Beneficia a unos 180 mil morosos por educación, según datos de 2018.