Modifica el Código Procesal Penal para imponer a las autoridades religiosas, eclesiásticas o confesionales de todo tipo, la obligación de denuncia respecto de delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, y sanciona como encubridor del delito respectivo, a quien omitiere la denuncia

Este proyecto busca proteger a los niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. Para lograrlo, obliga a los líderes de todas las religiones (como sacerdotes, pastores o obispos) y a los directores de grupos deportivos o culturales a informar a la justicia si saben de un delito contra estas personas vulnerables. Actualmente, si no denuncian, solo reciben una multa de dinero. Con este cambio, si una autoridad religiosa o civil oculta un abuso o no lo reporta, recibirá el mismo castigo que un 'encubridor' (alguien que ayuda a esconder un crimen), lo que significa penas de cárcel más serias. El objetivo es evitar que las instituciones usen sus propios sistemas de justicia internos para ocultar delitos que deben ser juzgados por el Estado.