Modifica el decreto ley N°645, de 1925, Sobre el Registro General de Condenas, para sancionar el incumplimiento por parte de tribunales, de la obligación de remitir al Servicio de Registro Civil e Identificación, las sentencias condenatorias ejecutoriadas

Este proyecto busca asegurar que el registro de personas que no pueden trabajar con niños esté siempre al día. Actualmente, algunos jueces no envían a tiempo la información de las condenas al Registro Civil, lo que permite que personas peligrosas puedan conseguir empleos en escuelas o con menores de edad. La propuesta establece que los tribunales tienen un plazo de tres días para enviar la sentencia. Si no lo hacen, recibirán castigos que van desde una amonestación (un llamado de atención formal) hasta multas de dinero que se descuentan de su sueldo. Con esto se busca proteger a los niños y niñas, garantizando que quienes han cometido delitos sexuales no puedan acercarse a ellos a través de trabajos o actividades habituales.