Modifica la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, para incorporar una nueva infracción al principio de probidad administrativa, relacionada con la contratación o nombramiento de personas inhabilitadas para trabajar con niños, niñas o adolescentes

Este proyecto de ley busca proteger a los niños, niñas y adolescentes. Propone que sea una falta grave a la honestidad (probidad) que un jefe o autoridad en el Gobierno contrate a personas que tienen prohibido trabajar con menores. Actualmente, existen registros de personas que no pueden trabajar con niños por haber cometido delitos, y esta ley asegura que el Estado no las contrate por error o descuido. Si un funcionario contrata a alguien inhabilitado, estará rompiendo las reglas de conducta de su cargo. Esto ayuda a que los colegios, hospitales y oficinas públicas sean lugares más seguros para la infancia.