Modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica.

Este proyecto busca combatir la corrupción con más fuerza. Primero, sube los castigos de cárcel y las multas para los funcionarios públicos que acepten beneficios (cohecho) y para las personas que les ofrezcan dinero (soborno). Segundo, crea dos delitos nuevos que antes no existían en Chile: el soborno entre privados (cuando alguien en una empresa paga a otro para obtener una ventaja injusta) y la administración desleal (cuando alguien que cuida el dinero de otros lo usa mal a propósito). También permite que se quiten los bienes obtenidos de forma ilegal (comiso). Con esto, Chile cumple con acuerdos internacionales para que la justicia sea igual para todos y las instituciones sean más honestas. El objetivo es que los delitos de corrupción no queden sin castigo real y que las empresas también sean responsables si sus trabajadores cometen estos actos.