Tipifica el delito de corrupción entre particulares y modifica disposiciones del Código Penal relativas a delitos funcionarios.

Este proyecto de ley busca combatir la corrupción tanto en el gobierno como en los negocios privados. Primero, crea un castigo para cuando jefes o gerentes de empresas acepten beneficios para favorecer a otros en contratos, algo que antes no estaba prohibido. Segundo, aumenta las penas de cárcel y las multas para funcionarios públicos que usen su cargo para beneficio propio. También ajusta las reglas para que Chile cumpla con estándares internacionales de transparencia. El objetivo es que la gente vuelva a confiar en las instituciones y que las relaciones comerciales sean más honestas y transparentes.