Armoniza normas en materia de quiebras con aquellas que rigen a las instituciones de educación superior.

Esta ley busca proteger a los estudiantes de universidades o institutos que quiebran. Actualmente, si una institución de educación superior cierra por problemas de dinero, las reglas de quiebra (que buscan pagar deudas) pueden chocar con el derecho de los alumnos a terminar sus clases. El proyecto permite que la institución siga funcionando el tiempo necesario para que los estudiantes no pierdan su año o su carrera. Para esto, se coordina el trabajo del síndico (quien maneja las deudas) y el administrador de cierre (quien cuida lo académico). Si hay peleas entre ellos sobre qué bienes usar, un juez decidirá. Así, se asegura que los pupitres, salas y laboratorios se usen para enseñar hasta el último día de clases fijado por el Ministerio de Educación.