Modifica la ley N°19.913, con el objeto de incorporar las sanciones de inhabilitación, y de suspensión de cargo y oficio público y profesión titular en el caso del delito de lavado de activos.

Este proyecto busca que las personas que cometen el delito de lavado de activos (limpiar dinero de origen ilegal) reciban castigos adicionales a la cárcel. La propuesta sugiere que, además de la prisión y las multas, se les prohíba trabajar en cargos públicos o ejercer su profesión por un tiempo determinado. Esto es importante porque, actualmente, la ley impide que la pena por lavado de activos sea mayor que la del delito original (como el tráfico de drogas o fraude), lo que a veces resulta en castigos muy bajos. Al sumar la inhabilitación (prohibición de ejercer cargos), se busca asegurar que personas con altos estudios o recursos que abusan del sistema no puedan volver a ocupar puestos de confianza en el gobierno o la política, promoviendo la honestidad y transparencia en el servicio público.