Radar de fiscalización parlamentaria

Situación presupuestaria, operativa y asistencial del Hospital Sótero del Río, en atención a las denuncias públicas que han advertido una crisis financiera, falta crítica de insumos, déficit de personal médico y una proyección presupuestaria que, según los gremios, alcanzaría solo hasta agosto del presente año, indicando el nivel de ejecución presupuestaria al 31 de mayo de 2026, el presupuesto aprobado, lo ejecutado a la fecha y el saldo disponible por subtítulo y glosa relevante, si es efectivo que el presupuesto del recinto solo alcanzaría para cubrir sus gastos operacionales hasta el mes de agosto del presente año, la proyección oficial de caja y el eventual déficit para el resto del ejercicio presupuestario y las medidas concretas ha adoptado el Ministerio de Salud y el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente para evitar una interrupción de las funciones asistenciales del hospital durante el segundo semestre de 2026, remitiendo los demás antecedentes que requiere.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, se sirva ordenar el inicio del procedimiento administrativo del caso conducente a sancionar la infracción a la obligación de informar contenida en el artículo 9° del citado cuerpo legal, en que ha incurrido el Director Nacional del Servicio de Migraciones, al no haber dado respuesta, a esta fecha, al oficio N° 58.186 de 18 de diciembre de 2023, cuya copia se acompaña.

Estado del Hospital Diego de Almagro, el que habría entrado en funciones el 10 de marzo de 2026, conforme lo publicado por la prensa regional, indicando la dotación completa considerada para el establecimiento y la actual dotación contratada, el presupuesto considerado para la implementación completa del hospital y su estado actual de operatividad, remitiendo el cronograma de implementación de la operatividad del hospital, señalando las etapas en la cual se encuentra y su debida progresión y el número de pacientes efectivamente atendidos y contemplados atender.

Se sirva informar si la participación en decisiones en que exista cualquier circunstancia que reste imparcialidad al involucrado, en los términos del artículo 62 de la ley N°18.575, obliga necesariamente a abstenerse, precisando si la concurrencia de un interés particular, económico o no, en una decisión pública configura un conflicto de interés en los términos de la ley N°20.880, incluso cuando no exista beneficio inmediato y si la eventual participación de autoridades en estas condiciones podría constituir una infracción al principio de probidad administrativa, considerando la exigencia de conducta funcionaria intachable y desempeño honesto y leal de la función pública, emitiendo un pronunciamiento respecto de las materias que requieren.

Medidas y estrategias que se están adoptando para enfrentar el uso de criptomonedas por parte del crimen organizado, en los términos que plantea.

se sirva informar sobre la posibilidad de emitir un pronunciamiento y, si corresponde, disponer una investigación respecto a la gestión de fondos públicos por parte de la Fundación Víctimas de la Talidomida en Chile (VITACHI), personalidad jurídica N°22540, en atención a los antecedentes que expone.

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Decreto N° 331, de fecha 24 de abril de 2026, del Ministerio de Hacienda, actualmente en trámite de toma de razón, mediante el cual se introducen modificaciones al presupuesto vigente del sector público, indicando si en el marco del trámite se han requerido al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos antecedentes que permitan justificar de manera desagregada las modificaciones presupuestarias contenidas en dicho acto, particularmente en lo relativo a los fundamentos específicos que explican cada una de las rebajas o ajustes efectuados, el marco jurídico concreto que habilita cada modificación, más allá de las menciones generales del decreto, la individualización de los programas o asignaciones afectadas, así como los efectos esperados de dichas decisiones en su ejecución, si los organismos involucrados han acompañado la totalidad de los antecedentes que sustentan el acto administrativo, remitiendo los demás antecedentes que requiere.

Situación institucional, laboral, financiera y programática que estaría afectando a la "Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE)", refiriéndose especialmente a la eventual renuncia presentada por el Director Ejecutivo correspondiente, en los términos y dando respuesta a las demás interrogantes que plantean.

Se sirva informar sobre las instrucciones impartidas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en orden a restringir o impedir la intervención de abogados/as del Programa de Derechos Humanos en procesos de cumplimiento de condena por delitos de lesa humanidad, emitiendo un pronunciamiento respecto a si se ajustan al marco de competencias y funciones que la ley asigna a dicho Programa, si la autoridad administrativa puede, mediante instrucciones internas, limitar o alterar el ejercicio de funciones de representación judicial del Estado que han sido establecidas por ley, particularmente en materias vinculadas a causas por violaciones a los derechos humanos. asimismo, señale si tales instrucciones resultan compatibles con el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución, en cuanto implican una eventual renuncia o restricción del ejercicio de potestades públicas y si corresponde que dichos actos administrativos sean objeto de control preventivo o posterior, incluyendo su eventual sometimiento al trámite de toma de razón, o si deben ser objeto de representación por parte de esa Contraloría. Si en caso de estimarse que dichas instrucciones no se ajustan a derecho, sírvase disponer medidas destinadas a restablecer el imperio del Derecho, incluyendo la invalidación o dejar sin efecto las instrucciones impartidas.