Solicita a S. E. el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que asegure que en el caso de investigación administrativa o penal que involucre a personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, las respectivas auditorias, divisiones jurídicas u otra entidad que estime pertinente asuman la defensa jurídica por actos acaecidos con ocasión del servicio.