Modifica la ley N°19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en materia de requisitos para contratar con la Administración

Este proyecto busca que las empresas o personas que han engañado al Estado en el pago de sus impuestos no puedan venderle productos o servicios al Gobierno. Actualmente, la ley ya prohíbe contratar a quienes tienen deudas laborales o han cometido ciertos delitos, pero no menciona a los infractores de impuestos. La idea es que si alguien no cumple con sus deberes tributarios (pagar impuestos), no debería recibir dinero público a través de contratos. Con esto se busca proteger el dinero de todos los chilenos y asegurar que solo proveedores honestos y responsables trabajen con las instituciones del Estado. Si una empresa es castigada por el Servicio de Impuestos Internos o la justicia por faltas graves a las normas de impuestos, quedará automáticamente fuera del sistema de compras públicas.