Establece los derechos de la mujer embarazada en relación con su atención antes, durante y después del parto, y modifica el Código Penal para sancionar la violencia obstétrica.

Este proyecto busca que todas las mujeres reciban un trato digno y respetuoso cuando van al médico por temas de embarazo o ginecología. Establece que tienen derecho a estar acompañadas por alguien de su confianza, a recibir información clara sobre su salud y a que se respete el parto natural siempre que sea seguro. También define la 'violencia obstétrica' como los malos tratos, burlas o hacer operaciones como cesáreas sin que sean realmente necesarias o sin preguntar a la madre. Si los trabajadores de salud no cumplen con estas reglas, podrán recibir multas o incluso penas de cárcel. El objetivo es que el nacimiento de un hijo sea una experiencia protegida y no un momento de miedo o dolor causado por una mala atención.