Este proyecto de ley busca mejorar la forma en que se cobran los precios del gas que llega a las casas y negocios por red. Actualmente, las reglas son muy antiguas. La nueva propuesta pone un límite a las ganancias que pueden tener las empresas distribuidoras. Si una empresa gana más de lo permitido, el gobierno fijará los precios y la empresa deberá devolver el dinero extra a sus clientes. También se crea un grupo de expertos para ayudar a resolver problemas técnicos y asegurar que los precios sean justos. Esto protege especialmente a las familias y pequeños negocios, asegurando que el servicio de gas sea más transparente y controlado.