Este proyecto de ley quiere que las elecciones en Chile sean más limpias y justas. Para lograrlo, propone que las empresas (personas jurídicas) ya no puedan dar dinero a las campañas políticas, permitiendo solo aportes de personas naturales. También busca eliminar los aportes secretos o anónimos para que todos sepamos quién financia a cada candidato. Para ayudar a los partidos, el Estado les entregará dinero de forma regular, pero con reglas muy estrictas de control. Además, se le darán más poderes al Servicio Electoral (Servel) para vigilar que nadie gaste más de lo permitido y para castigar a quienes no cumplan las reglas. El objetivo final es que el dinero no mande en la política y que todos los candidatos compitan en igualdad de condiciones.