Proyecto de ley (Boletín 8980-06)

Este proyecto de ley busca evitar que las campañas electorales se conviertan en escenarios de violencia y agresiones. Propone que los candidatos tengan un control mucho más estricto sobre sus equipos de propaganda, obligándolos a llevar un registro detallado con los nombres, cédulas de identidad y direcciones de los brigadistas. También exige registrar los datos de los vehículos utilizados, los cuales deberán llevar distintivos reflectantes para ser identificados fácilmente. Además, se prohíbe estrictamente contratar a personas que tengan condenas por delitos contra las personas o por porte de armas. En caso de que ocurra un delito relacionado con estos equipos, el candidato tendrá la obligación de denunciarlo en un plazo máximo de 48 horas. Para asegurar que estas reglas se cumplan, el proyecto establece que, si se cometen infracciones, se deberá descontar un 10% del dinero que el Estado devuelve a los candidatos por sus gastos de campaña. El objetivo final es garantizar procesos electorales seguros y ordenados.