Este proyecto de ley tiene como objetivo principal que las regiones de Chile tengan más poder y autonomía para decidir sobre su propio desarrollo. Actualmente, muchas decisiones se toman en Santiago, lo que se conoce como centralismo. Con esta nueva ley, los Gobiernos Regionales podrán crear planes para ordenar el uso del suelo (como el Plan Regional de Ordenamiento Territorial), gestionar mejor sus recursos y recibir más tareas de los ministerios del gobierno central. También se busca mejorar la organización interna de las regiones, creando nuevos cargos y asegurando que los jefes de las oficinas regionales sean elegidos por concursos públicos para asegurar que sean profesionales capacitados. En resumen, busca que cada región pueda atender mejor sus necesidades de salud, educación, cultura y economía de forma directa.