Ley 20.592 (Boletín 7854-07)

Este proyecto de ley busca asegurar que todas las personas que enfrentan un proceso judicial tengan un abogado de forma obligatoria y efectiva. Actualmente, la Constitución dice que el Estado debe proporcionar un defensor, pero no especifica exactamente en qué momento debe hacerlo. Este proyecto propone que el Estado debe garantizar la presencia de un abogado, a más tardar, en la primera audiencia frente a un juez de garantía. Además, busca que, cuando la policía o un fiscal interroguen a una persona, se le explique de forma muy clara y sencilla que tiene el derecho a no hablar y que lo que diga podría ser usado en su contra. El objetivo principal es que nadie pierda sus derechos fundamentales por no entender las reglas del proceso legal o por falta de asistencia técnica. Con esto, se busca fortalecer la justicia y proteger la dignidad de cada imputado desde el inicio.