Este proyecto busca que las empresas mineras aporten más dinero al Estado cuando tengan mayores ganancias. Para lograrlo, crea un nuevo impuesto que se calcula según el 'margen operacional', que es la ganancia real sobre los ingresos. Las empresas más pequeñas están exentas, mientras que las grandes pagan tasas que suben si sus utilidades aumentan. El dinero recaudado se usará para reconstruir el país tras el terremoto, mejorar la salud y la educación, y entregar un 30% adicional a las regiones y municipios. Además, el proyecto ofrece a las empresas extranjeras la opción de aceptar este nuevo impuesto a cambio de mantener sus reglas tributarias sin cambios por más tiempo, extendiendo su plazo de invariabilidad. De esta forma, el Gobierno busca equilibrar la necesidad de obtener recursos fiscales urgentes para el bienestar social sin afectar la estabilidad jurídica necesaria para atraer inversiones mineras a largo plazo en el país.