Este proyecto de ley busca que las personas con discapacidad tengan mejores oportunidades de trabajo en nuestro país. La idea principal es que, cuando el Estado necesite comprar productos o contratar servicios a través de licitaciones, pueda elegir preferentemente a las empresas que tengan al menos un 2% de sus trabajadores con discapacidad. Es importante destacar que esta preferencia solo se aplicará si la empresa ofrece condiciones similares en calidad y precio a las demás propuestas. El objetivo es utilizar el poder de compra del Estado para fomentar la inclusión laboral y asegurar que se respeten los derechos de las personas con discapacidad, transformando el entorno social para que todos tengan las mismas oportunidades de participar en la economía nacional.