Este proyecto de ley busca asegurar que, cuando una mina deje de funcionar, la empresa se haga responsable de limpiar y cerrar correctamente sus instalaciones. Actualmente, existe el riesgo de que algunas minas queden abandonadas, dejando daños al medio ambiente y riesgos para las personas. Para evitar esto, la nueva ley obliga a las empresas a presentar un plan de trabajo detallado y a entregar una 'garantía' (un dinero o documento asegurado) que el Estado pueda usar si la empresa no cumple con su limpieza. Así, se protege la salud de la gente y la naturaleza, asegurando que los costos de cierre no terminen siendo pagados por todos los ciudadanos.